El pasado 19 de enero de 2023 tuvo lugar en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia el acto solemne de lectura del discurso de ingreso en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia de la notaria, Doña Begoña Portillo Muñoz.

El acto contó con numeroso público, amigos y familiares de la recipiendaria, con destacada presencia de académicos y profesionales del Derecho, incluyendo a Doña Carmen Rodríguez Pérez, Decana del Ilustre Colegio Notarial de Murcia y parte de su junta directiva así como otras autoridades entre quienes se encontraban el Presidente del Consejo Jurídico CARM, D. Antonio Gómez Fayrén;

el Presidente del Consejo Económico y Social y miembro de número de la Corporación, Don Jose Antonio Cobacho Gomez y el Delegado Especial en Murcia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Don Alfonso del Moral Gonzalez .

Abrió la sesión Don Juan Roca Guillamón, Presidente de la Academia, quien cedió la palabra a la nueva académica para que pronunciara el preceptivo discurso de ingreso bajo el título: «UN PASO MAS EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: INTEGRACION EN EL DERECHO CIVIL».

El discurso que como todos los pronunciados por los académicos con ocasión de su toma de posesión, puede consultarse íntegro en la web de la Academia, se estructura en siete apartados.

El primero se refiere a la justificación de la elección de la materia y en él hizo referencia a la importancia de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y el relevante papel que el notariado está llamado a desempeñar en su aplicación.

El segundo recoge la evolución histórica de la legislación internacional sobre la materia, haciendo especial énfasis en la importancia de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, firmado en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificada por el Reino de España en 2008. También incluye este apartado el estudio de la legislación española, desde la redacción inicial del Código Civil, pasando por su reforma por la Ley 13/1983, de 24 de octubre, así como de la abundante legislación que incide, desde distintos ángulos y disciplinas sobre la discapacidad.

En el tercer apartado Begoña Portillo Muñoz estudia la incidencia de la nueva ley en la práctica notarial. Constata que pasa a ocupar un lugar esencial el respeto a la dignidad de la persona. Lo resume así: “ya no existe la incapacitación, toda persona discapacitada tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, no solo para ser titular de derechos, sino también para que pueda ejercerlos, precisando, en su caso, apoyos en la formación o expresión de su voluntad”. También estacó que la función del notario, siendo la misma, comprobar que el consentimiento sea libre e informado, ha de cumplir las pautas marcadas por el legislador respecto a las personas con discapacidad, respetar su voluntad, deseos y preferencias.

El cuarto apartado del discurso de ingreso se dedica al estudio de los documentos públicos que tienen por contenido la regulación de la discapacidad de una persona. Aquí se expone la importante novedad que en su día supuso Ley 41/2003, de 18 de noviembre de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa Tributaria, que introdujo la auto-tutela y los poderes preventivos. La nueva ley recoge ambas figuras y añade la regulación de las medidas de apoyo que se recogen en el Código Civil, estudiando también las características de las escrituras públicas en que deben constar dichas tres figuras con sus elementos personales, reales y formales.

El quinto apartado del discurso versa sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicando la Convención de Nueva York, tanto la previa a la entrada en vigor de la nueva ley como la posterior.

El sexto apartado recoge las críticas que ha recibido la nueva ley y concluyó el discurso con la opinión personal de la nueva académica que, haciendo suyas las palabras de su compañero Carlos Marín, especialista en la materia, respira la esperanza de que, con todas las dificultades que se quiera, se ha abierto la oportunidad de poder mejorar la vida de las personas con discapacidad.

El discurso fue contestado por el notario de Cartagena y miembro de número de la Corporación, Don Miguel Angel Cuevas de Aldasoro, quien, además de hacer un resumen de la carrera profesional como notario de la nueva académica y de los relevantes servicios prestados a los notarios de Murcia, en especial como directora de la prestigiosa academia de preparación que depende del Colegio, hizo un brillante resumen del contenido del discurso del que dijo que es una muy buena obra doctrinal que ha sido elaborada por una gran jurista, que une a una excelente preparación teórica el saber práctico que proporciona el ejercicio cotidiano de la Notaría.

Concluyó el acto con la intervención del presidente de la Academia quien agradeció discurso y contestación a sus protagonistas y al público asistente, en persona o a distancia, su deferencia al querer acompañarnos y dio por terminado el acto, procediéndose a continuación a la entrega de la medalla acreditativa de la pertenencia a la Academia, diploma y metopa de la institución, siendo saludada la nueva académica por todos sus compañeros presentes en el acto.

Por acuerdo del Pleno de Académicos de número de 21 de marzo de 2022, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia convoca la V edición del Premio de Investigación Jurídica que lleva el nombre de quien fuera su Presidente, el Excmo. Sr. D. Antonio Reverte Navarro, con arreglo a las siguientes bases.

BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA

1ª) Podrán aspirar al mismo los autores de obras monográficas, originales e inéditas que versen sobre el tema, aprobado por el pleno de Académicos, para esta edición,

'Perspectiva de la aplicación tecnológica en el mundo jurídico´

2ª.) El premio está dotado con la cantidad de 3.000 €, y llevará aparejada su publicación por la Real Academia que lo convoca.

3ª) Las obras presentadas al Premio habrán de estar escritas en alguna de las lenguas oficiales de España, aunque siempre y, en su caso, al menos un ejemplar habrá de estar traducido al castellano.

4ª) Los trabajos habrán de tener una extensión de entre cincuenta y cien páginas, DIN A4, escritas por cualquier procedimiento de reproducción mecánica, a doble o por una sola cara, tamaño de letra 12, interlineado 1,5, y no podrán ser o haber sido tesis doctorales, trabajos fin de grado o master, o parte de ellos.

5ª) Las obras deberán presentarse en forma anónima y se distinguirán con un lema cuya identificación se encontrará en una plica, cerrada y sellada, en la que se hará constar el nombre, los apellidos y el domicilio del autor y el título del trabajo. Se acompañará una Declaración Responsable de Garantía de Autoría y Originalidad suscrita bajo el mismo lema elegido por el autor.

6ª) En ningún caso podrán concurrir los Académicos de número ni electos de la Corporación, ni familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

7ª) Los trabajos habrán de remitirse con seis ejemplares a la Secretaría de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, sita en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, c/ Santo Cristo 1, 30001 o depositarse en la Conserjería de la Facultad de Derecho, a la atención de la Sra. Académica Secretaria General, antes de las veinte horas del día 28 de diciembre de 2.022. También se acompañará un ejemplar en soporte electrónico (pen drive), formato WORD o similar, sin más dato identificativo que el lema y título del trabajo.

8ª) El Premio será otorgado por un Jurado constituido conforme al reglamento interno que rige el concurso e integrado por tres Académicos de Número y otros dos miembros, uno designado a propuesta del Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, y otro por el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia,

9ª) Por acuerdo del Jurado el premio podrá ser declarado desierto o bien otorgado a más de un trabajo, dividiendo, en este último caso, la cuantía de la dotación.

10ª) La concesión del Premio y el autor o, en su caso, autores premiados, serán dados a conocer en Sesión pública de la Corporación. En todo caso, el fallo será inapelable.

11ª) El autor del trabajo premiado y los seleccionados como finalistas, por el hecho de participar, autorizan a la Academia a utilizar sus nombres e imagen a los solos efectos de promocionar el Premio y su publicación.

12ª) La Real Academia no se compromete a la devolución de los trabajos que no resulten premiados, aunque éstos podrán ser retirados personalmente por sus autores, o personas por ellos autorizadas en los dos meses siguientes a la comunicación del fallo.

13ª) Por el mero hecho de concurrir, los aspirantes al premio aceptan las bases que lo rigen y se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Murcia para la resolución de cualquier controversia en relación con el mismo.

Murcia, 30 de mayo de 2022

El 24 de marzo de 2022 en el salón de actos del Colegio de Abogados de Murcia, antes de la lectura del discurso de ingreso en la Academia de Don Nicolás Valero Lozano, se procedió por la académica Secretaria General, Doña Esperanza Orihuela Calatayud, a la lectura del acta que recoge la decisión del jurado del IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA ANTONIO REVERTE NAVARRO que ha recaído en el trabajo titulado “La compensación de daños en tiempos de COVID 19: respuesta a la suspensión ad hoc de los contratos de concesión de servicios de restauración” del que es autora la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, doctora Doña Elisa Pérez de los Cobos Hernández, a quien hizo entrega del premio y felicitó el Presidente de la Academia, Don Juan Roca Guillamon.

La Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia celebró el día 9 de diciembre 2021 en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia una sesión en homenaje del magistrado del Tribunal Supremo y miembro de número de esta Real Academia, Don Nicolás Maurandi Guillén, recientemente fallecido.

El acto tuvo carácter presencial, si bien fue transmitido también en directo a quienes desearon hacer uso del enlace facilitado al efecto, y contó con la asistencia de la viuda, hijas, yerno y hermana del homenajeado, así como de los miembros de la Academia, de sus compañeros y amigos.

Abrió la sesión el Presidente de la Corporación, Don Juan Roca Guillamón, que presentó a quienes estaba previsto que tomaran la palabra. Acto seguido intervinieron el académico de número, D. Rafael Hernández Marín y el académico electo D. Andrés Pacheco Guevara. Ambos evocaron su amistad con Nicolás Maurandi desde los tiempos escolares, los muchos años en que compartieron y disfrutaron de su compañía y pusieron de manifiesto su agradecimiento por la generosidad que les demostró en todas las circunstancias, así como el sentimiento por su casi repentina desaparición.

A continuación la académica de número, Dª María Consuelo Uris Lloret, Presidenta de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia, presentó al conferenciante especialmente invitado al acto, D. Jesús Cudero Blas, of counsel de Perez Llorca Abogados, ex magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y compañero del homenajeado en la Sección 2ª de dicha Sala, quien comenzó haciendo una extensa narración de sus años compartiendo sala con Nicolás, su llegada a la sección que se encarga de las cuestiones tributarias y su decisión de afrontar el reto que suponía ocuparse de materias distintas de las que hasta ese momento había resuelto en otras secciones de la misma Sala. Jesús Cudero hizo hincapié en tres contribuciones jurisprudenciales en que Nicolás tuvo importante participación con sentencias de las que fue ponente: el control jurisdiccional del ejercicio de las facultades discrecionales de los poderes públicos, en particular los que tienen encomendado el nombramiento de cargos institucionales; la posición del contratista en los contratos administrativos, poniendo como ejemplo la aplicación de la doctrina del riesgo y ventura en materia de concesiones de autopistas y, en su última etapa, ya en la sección 2ª, la aplicación de los principios constitucionales en sede tributaria, en particular, el de capacidad económica, como criterio limitativo de la potestad legislativa en esta materia.

A continuación comenzó la conferencia anunciada con el título: “La nueva sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal y el Real Decreto-ley dictado para darle cumplimiento: aspectos polémicos”.

En una extensa y profunda exposición presidida por la claridad y el carácter didáctico que lo caracteriza, Jesús Cudero expuso los precedentes de la sentencia constitucional de 26 de octubre de 2021 tanto en resoluciones del mismo tribunal como en las que la justicia ordinaria se había visto obligada a dictar desde que, en 2017, resultara declarada parcialmente inconstitucional la regulación contenida tanto en la Ley de Haciendas Locales como en las correspondientes de los territorios forales del País Vasco y Navarra.
Tres novedades relevantes, dijo, contiene la sentencia de 2021 en comparación con las previas de 2017 y 2019. Por una parte, se abandona la justificación de la existencia del tributo por la necesidad de que la comunidad participe de los beneficios que el dueño del suelo experimenta por la acción urbanística de los Ayuntamientos, lo que plantea la posible coincidencia del hecho imponible con el gravamen de las plusvalías que se contemplan en otros impuestos. Aquí hizo referencia a la propuesta, que no le parece desdeñable, de cambiar el sistema vigente por una participación equivalente de las Corporaciones Locales en la recaudación por plusvalía del Impuesto sobre la Renta. La segunda novedad consiste en considerar que desde una perspectiva constitucional el análisis sobre el supuesto carácter confiscatorio de un tributo deba hacerse no solo desde una perspectiva global del sistema fiscal sino también analizando cada tributo por separado. Por último la nueva doctrina supone el rechazo de la aplicación de criterios objetivos no suficientemente justificados como elementos esenciales del hecho imponible.

En definitiva, vino a decir, la nueva sentencia supone un giro de enorme envergadura respecto de las precedentes al declarar ahora de imposible exigibilidad la plusvalía local en todo caso, no solo cuando no se produjo incremento de valor o el incremento fue igual o suficientemente próximo a la cuota tributaria como para resultar confiscatorio. De haber sido declarado esto en la primera sentencia el Tribunal Constitucional hubiera evitado el enorme esfuerzo humano y material que ha supuesto para los Ayuntamientos, para los órganos jurisdiccionales y para los ciudadanos y sus abogados tener que litigar sobre si se cumplían o no se cumplían los criterios que hacían exigible el tributo. A título de ejemplo, dijo, la tercera parte de todos los asuntos de la sección del Tribunal Supremo que es la competente en materia tributaria, precisamente la que presidía Nicolás Maurandi, estaban relacionados con la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, ahora abandonada, y ello pese a no haber variado sustancialmente, por cierto, la composición del tribunal.

Otro aspecto comentado por Jesús Cudero fue el carácter prospectivo que incorpora el fundamento jurídico 6 respecto de transmisiones anteriores a dictarse la sentencia. Por una parte anticipa, como fecha determinante de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, la de la firma de la propia sentencia, en lugar de la de su publicación en el B.O.E. y, sorprendentemente, incluye la imposibilidad de recaudar entre dichos efectos. Por otra, equipara actos firmes en vía judicial o administrativa con los que no lo son, a fin de privar al ciudadano del derecho de negarse a pagar o de pedir la devolución de lo indebidamente pagado con base en la declaración de nulidad, pese a no haber transcurrido los plazos previstos en la Ley General Tributaria.
Por último, y respecto del Real Decreto-ley dictado para cubrir el vacío normativo, lamentó que más de cuatro años después de la primera sentencia constitucional, haya tenido que acudirse a improvisar un sistema que plantea dudas fundadas de inconstitucionalidad por no tener rango de ley formal, pese a innovar de forma sustancial el tributo y, por otro lado, mantiene el carácter objetivo de determinación del hecho imponible que se reprochaba a la Ley de Haciendas Locales, si bien ahora se ofrece al contribuyente una alternativa que puede serle más favorable. Auguró el conferenciante, por último, una litigiosidad futura de similar volumen a la que se ha venido produciendo hasta ahora sobre la plusvalía municipal.

Cerró el acto el Presidente de la Real Academia, quien agradeció las intervenciones de que se ha hecho mérito y a todos los presentes, en particular a los familiares de Nicolás Maurandi Guillen, su asistencia al acto.