El pasado 9 noviembre tuvo lugar en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia la solemne sesión de inicio de actividades de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia del Curso 2023-2024 en un acto cuyo contenido más relevante fue la lectura del discurso de ingreso en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia del Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, Don Gaspar de la Peña Velasco.

El acto contó con numeroso público, amigos y familiares del recipiendario, con destacada presencia de académicos y profesionales del Derecho entre quienes se encontraban el Presidente TSJ, D. Miguel Pasqual del Riquelme; Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia y miembro de la Academia, Don Francisco Martinez Escribano; Presidente del Consejo Jurídico CARM, D. Antonio Gómez Fairén; Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Murcia, Don Alfonso del Moral Gonzalez; Decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Murcia, Doña Maria Dolores Cantó Canovas y el Presidente de la Fundación Cajamurcia, D. Carlos Egea Krauel.

Abrió la sesión Don Juan Roca Guillamón, Presidente de la Academia, cediendo la palabra a la Secretaria General, Dª Esperanza Orihuela Calatayud, quien procedió a la lectura de la memoria del curso anterior.

A continuación , Don Gaspar de la Peña Velasco pronunció el preceptivo discurso de ingreso bajo el título: “EL DEBER DE CONTRIBUIR Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”.

El discurso que como todos los pronunciados por los académicos con ocasión de su toma de posesión, puede consultarse íntegro en la web de la Academia, se compone de un apartado primero dedicado a la introducción del tema del discurso y cuatro apartados de desarrollo.

El apartado segundo se dedica al deber de contribuir y derechos fundamentales y en su desarrollo se analiza la forma de integrar, delimitar y respetar los derechos constitucionalmente reconocidos en la legislación tributaria ordinaria.

El tercer apartado se centra en la difícil cuestión de la zona de penumbra entre el derecho de propiedad y el deber de contribuir, cuya relación no puede configurarse con criterios abstractos o generales que valgan para cualquier tiempo, siendo útil como criterio para discernir si los tributos se adecuan a la Constitución el principio de no confiscatoriedad y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al aplicar el Convenio Europeo para su protección. En todo caso es en función del contenido específico de cada tributo como debe enjuiciarse si la regulación de que se trate es constitucionalmente compatible con el derecho de propiedad.

El cuarto apartado estudia el derecho a la intimidad como límite al deber de colaborar e informar y en él se estudia la compatibilidad entre los mecanismos creados para que la Administración Pública pueda controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pues ni puede admitirse una reserva absoluta de los datos económicos del contribuyente ni puede atribuirse a la Administración un poder absoluto para obtener información del propio contribuyente o de terceros. La Jurisprudencia Constitucional utiliza el principio de proporcionalidad a la hora de enjuiciar si la restricción del derecho a la intimidad es respetado, lo que exige respeta el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. A su vez la información requerida por la Administración puede derivar de una obligación de suministro, establecida con carácter general para determinados sujetos y operaciones o de una obligación mediante captación en que debe producirse un requerimiento individualizado siendo distinta la operativa en cada caso.

 

El último apartado del discurso se dedica a los derechos fundamentales en el procedimiento de inspección tributaria que puede incidir en los derechos fundamentales del inspeccionado en cuanto afecta a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a no declarar contra sí mismo, existiendo una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del contenido de la inviolabilidad. Respecto del derecho a no incriminarse, así como resulta claro si en un procedimiento penal se persigue un delito fiscal no está tan protegido en el ámbito del procedimiento administrativo, aunque sea sancionador.

 

El discurso fue contestado por Don Juan Roca Guillamón, Presidente de la Academia quien, además de resaltar los muchos méritos que adornan al recipiendario y su vinculación con una saga de grandes juristas que han ejercido la abogacía en Murcia elogió el planteamiento metodológico del discurso al centrarlo en los ámbitos en que se producen mayores conflictos entre la legislación tributaria y los derechos y libertades constitucionalmente protegidos.

Concluyo el acto el presidente de la Academia, una vez entregada la medalla y título acreditativo al nuevo miembro de la institución, agradeciendo discurso y contestación a sus protagonistas y al público asistente, en persona o a distancia, su deferencia al querer acompañarnos en tal señalado acto pero, prolongando unas palabras que usualmente tienen por objeto despedir educadamente a los asistentes, hizo una profunda y muy preocupada reflexión sobre el proceso seguido por el candidato propuesto para presidir el gobierno de la nación, que culminó con el anuncio en la misma mañana del día del discurso del acuerdo cerrado en Bruselas. Hizo el profesor Roca Guillamón una encendida defensa de la importancia de que se respete la separación de poderes y la independencia del poder judicial llamando a defender a todos los jueces, desde los que prestan sus servicios en la más pequeña localidad hasta el Tribunal Supremo, de cualquier injerencia de los otros poderes.

 

 Dada la importancia y el interés de este apartado final del acto se ha considerado por los académicos que debe permitirse el acceso libre en esta web desde la página de inicio